La actuación del crimen organizado a lo largo de las dos últimas décadas ha despertado una profunda preocupación en diversos sectores del Estado argentino, como así también en organismos no gubernamentales y componentes de la sociedad. En especial, los recientes acontecimientos de repercusión pública han demostrado una fuerte injerencia de esta actividad en el seno de la sociedad que obliga a llevar adelante acciones concretas frente a esta realidad que atenta contra la seguridad de la nación, relega derechos elementales del ser humano y corrompe las instituciones del país.

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