La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y con la disidencia de los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, en la intervención que le cupo en los autos de la referencia, consideró que los recursos extraordinarios, cuya denegación habían originado las quejas tramitadas en los actuados, resultaban inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Procede recordar que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires atacada, adoptada por una mayoría conformada por los votos de los jueces Genoud, de Lázzari, Kogan y Negri, que de este modo adquirió firmeza, había resuelto acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. De consiguiente, declaró la nulidad del Decreto N.º 245/2012 e imperó que las sumas abonadas por los usuarios en virtud de la aplicación de la mencionada norma debían imputarse a futuras facturaciones del servicio y en cuotas a fijar en la etapa procesal oportuna (arg. art. 165 del C.P.C.C.).
Entre las consideraciones vertidas en el acuerdo previo a la mencionada sentencia, se sostuvo que al margen de la discusión de si se encontraba o no vigente la norma del marco regulatorio anterior que expresamente disponía la celebración de una audiencia pública (art. 30 in fine, anexo II, de la Ley N.º 11.820), lo cierto era que no resultaba posible predicar, sobre la base de las normas constitucionales, la legitimidad de un decreto que había dispuesto un aumento tarifario de hasta el 180% sin que se hubiera previsto ni garantizado, de algún modo previo y eficaz, la información y consecuente participación de los usuarios en la toma de decisión.
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